El decreto del miedo: la autopsia de un gobierno que intenta dirigir el naufragio por videollamada.

En Bolivia, el poder ha dejado de ser una cuestión de territorio para convertirse en una disputa por el ancho de banda. La promulgación del Decreto Supremo N° 5515 no inaugura la era de la modernización estatal ni adapta la presidencia a los tiempos de la ubicuidad digital; lo que hace es certificar la defunción política de un binomio y elevar la paranoia a rango de ley. Rodrigo Paz Pereira ha decidido que, para viajar, necesita llevarse el Estado en la maleta, dejando atrás un cascarón vacío y a un vicepresidente, Edman Lara, convertido en un espectro administrativo. No estamos ante una reforma, sino ante la confesión firmada de un gobierno fracturado que prefiere violar la Constitución antes que confiar en su propia sombra.

La normativa, publicada con la discreción de quien sabe que está cruzando una línea roja, establece que el primer mandatario podrá ejercer sus atribuciones mediante "tecnologías de la información" cuando se encuentre fuera del país. La redacción del texto intenta vestir de pragmatismo lo que es una maniobra de ingeniería jurídica inconstitucional. El Artículo 169 de la Constitución Política del Estado es taxativo, casi físico en su mandato: ante la ausencia temporal del presidente, asume el vicepresidente. La carta magna no sabe de avatares ni de firmas biométricas; entiende el poder como una presencia real que ocupa un sillón en el Palacio Quemado. El Ejecutivo ha optado por crear la ficción del "presidente virtual", una figura que pretende estar en dos lugares a la vez para evitar que la realidad surta efecto.

Lo que subyace en esta decisión no es el deseo de mantener el ritmo de gestión, sino el pánico a perder el control. El decreto reduce la figura del vicepresidente a la de un gestor de recados. Según el artículo 10 de la nueva norma, Lara queda confinado a "gestionar y coadyuvar acciones", un eufemismo burocrático que lo despoja de su cualidad de mandatario electo. Pero la degradación va más allá. El texto introduce una aberración en la cadena de mando que rompe cualquier lógica estatal: las acciones del vicepresidente en suplencia deberán coordinarse con el Ministro de la Presidencia. Un funcionario designado a dedo pasa a tutelar a quien recibió el voto popular. Es la subversión total de la jerarquía democrática convertida en procedimiento administrativo.

Para entender este movimiento hay que mirar hacia atrás, hacia la fractura expuesta que supuso el Decreto 5503. Aquella norma de emergencia económica marcó el punto de no retorno entre Paz Pereira y Lara. El presidente ya no ve a su compañero de fórmula como un sucesor natural, sino como una amenaza latente, un conspirador interno que aguarda un viaje oficial, un interinato de apenas diez días, para desmantelar el gabinete o revertir políticas clave. La desconfianza es tal que el decreto 5515 actúa como un mecanismo de defensa preventivo. Paz Pereira teme que, al cruzar la frontera, Lara aproveche el vacío para gobernar. Por eso ha decidido que no habrá vacío, aunque para ello tenga que forzar la interpretación constitucional hasta romperla.

El nivel de microgestión que impone la norma roza lo absurdo. Se exige que, en caso de fallo tecnológico, el presidente envíe un "detalle de acciones a realizar". Es una lista de supermercado para gobernar un país. Esta disposición despoja al cargo de vicepresidente de cualquier capacidad de discernimiento político o criterio propio. El mensaje que emana de la Gaceta Oficial es claro: Edman Lara no está allí para tomar decisiones, sino para cuidar la silla sin sentarse en ella. El análisis de constitucionalidad sugiere que el decreto grita miedo a la traición en cada uno de sus incisos. No es una herramienta de gobierno; es un candado puesto por dentro.

Voces dentro del espectro político, como el senador Leonardo Roca, han identificado la maniobra como un grave problema institucional. Roca sostiene que cuando el presidente sale del territorio, el vicepresidente debe asumir plenamente, sin intermediaciones ni condicionamientos. La lógica es impecable: la soberanía no se puede ejercer por control remoto. Por su parte, Andrónico Rodríguez denuncia una extralimitación de facultades que busca neutralizar políticamente al segundo mandatario. Incluso desde el oficialismo, las justificaciones suenan a excusa desesperada. El viceministro Yamil García argumentó que no se puede exponer a la ciudadanía a que el vicepresidente genere actos contra la política de gobierno, admitiendo implícitamente que la norma es una mordaza legal para un enemigo íntimo.

Esta obsesión por la seguridad interna del palacio contrasta violentamente con la intemperie que vive el país. Mientras el Ejecutivo invierte su capital político y sus mejores abogados en redactar decretos para blindarse de sí mismo, Bolivia atraviesa una crisis económica que no espera a que se restablezca la conexión de internet. La escasez de divisas y el estancamiento productivo siguen su curso, indiferentes a las peleas de palacio. Hay una desconexión alarmante entre la urgencia de la ingeniería jurídica del gobierno y la parálisis de la gestión real.

Rodrigo Pan y Edmand Lara (Abc.com.py)

El decreto expone también una debilidad estructural: la insolvencia técnica. Modificar el régimen de sucesión presidencial, que es materia constitucional, a través de un decreto supremo, constituye un vicio de nulidad que cualquier tribunal independiente debería sancionar. Es lo que algunos analistas han comenzado a llamar un "golpe de escritorio". Ante la incapacidad de lograr gobernabilidad en la Asamblea Legislativa, donde el debate político real debería tener lugar, el gobierno recurre al decretazo, saltándose los controles y equilibrios básicos de la república. Es el síntoma de un Ejecutivo que se ha quedado sin política y solo le queda la burocracia.

La analogía resulta inevitable. El Decreto 5515 funciona como un control parental instalado por un capitán de barco que no confía en su segundo al mando. Prefiere intentar dirigir el timón por videollamada desde un puerto extranjero, gritando órdenes a través de una pantalla pixelada, aunque las leyes de la navegación exijan que el mando físico sea entregado a quien se queda en cubierta para reaccionar ante las tormentas reales. El problema es que Bolivia está en medio de una tormenta y el capitán está preocupado por quién sostiene el timón, no por hacia dónde va el barco.

La insistencia en la "virtualidad" del cargo presidencial desvela una concepción patrimonialista del poder. Paz Pereira parece creer que la presidencia es un atributo personal que viaja con él, adherido a su piel, y no una institución que reside en el territorio y en las leyes. Al intentar "virtualizar" la democracia, el gobierno termina por vaciarla de contenido. Si el presidente puede gobernar desde cualquier lugar, si el vicepresidente no sirve para suceder al titular, y si un ministro tiene más poder que una autoridad electa, entonces la Constitución ha dejado de ser el mapa de navegación para convertirse en una sugerencia incómoda.

El contexto de esta normativa no es solo legal, es profundamente político y humano. Habla de lealtades rotas y de un aislamiento progresivo. Edman Lara, que ya ha anunciado acciones legales contra el decreto 5503, se encuentra ahora en una posición insostenible, atado de manos por una norma diseñada específicamente para él. La ruptura pública es evidente y paraliza la gestión. Un gobierno que gasta sus energías en vigilarse a sí mismo no tiene ojos para mirar el país.

Mientras, Bolivia debate quien pagará el ajuste que debe realizar la economía.

La fragilidad técnica del Ejecutivo queda expuesta al recurrir a instrumentos nulos por su incapacidad de construir consensos. La política, entendida como el arte de la persuasión y el acuerdo, ha sido sustituida por la redacción de cláusulas restrictivas. Es la victoria del abogado sobre el estadista. Pero es una victoria pírrica. Mientras los juristas del gobierno celebran la astucia de haber encontrado un atajo digital para eludir el artículo 169, la realidad económica se deteriora.

El país observa atónito cómo sus gobernantes se enzarzan en una disputa por el control del mando a distancia. La crisis de divisas no se soluciona con firmas digitales, ni la falta de combustible se arregla con reuniones por Zoom. La administración de Paz Pereira ha decidido encerrarse en una burbuja de seguridad jurídica artificial, creyendo que si controla los papeles, controla la realidad. Es un error de cálculo que suele costar caro.

La historia política de Bolivia está llena de tensiones entre presidentes y vicepresidentes, pero pocas veces se había intentado institucionalizar la desconfianza con tal descaro normativo. El DS 5515 quedará, quizás, como el testimonio de una época en la que el miedo a perder el poder llevó a un gobierno a intentar suspender las leyes de la física política.

Al final, lo que queda es la imagen de un poder solitario, que viaja por el mundo aferrado a una tablet, temeroso de que si la señal se corta, el país que cree gobernar desaparezca o, peor aún, empiece a funcionar sin él. Bolivia queda a la deriva, con un capitán virtual y una tripulación amotinada en silencio.