Ajuste, bloqueo e incertidumbre: Radiografía de una Bolivia paralizada por el fin del subsidio

El diálogo se rompió el lunes por la tarde y este martes 6 de enero las carreteras amanecieron cortadas. La Paz, sede de gobierno y epicentro de la tensión, quedó aislada tras el fracaso de las negociaciones en la Casa Grande del Pueblo. La Central Obrera Boliviana (COB), liderada por Mario Argollo, cumplió su amenaza: bloqueo nacional indefinido. No es solo una disputa por el precio de la gasolina, aunque ese sea el detonante visible en los surtidores; es el choque frontal entre un gobierno que intenta ejecutar una cirugía mayor a una economía en quiebra técnica y unos sindicatos que denuncian el desmantelamiento de la soberanía nacional vía decreto.

Foto de El Día de la Paz (eldia.com.bo)

El origen del conflicto tiene fecha y número: 17 de diciembre de 2025, Decreto Supremo 5503. La norma puso fin a una era de veinte años de subvenciones a los hidrocarburos. El argumento del gobierno de Rodrigo Paz es aritmético y terminal. Según declaraciones oficiales y reportes recogidos por la Deutsche Welle, la administración heredó un déficit fiscal superior a los 30.000 millones de dólares. La escasez de divisas es crónica y la corrupción en YPFB, sistemática. Ante este panorama, el artículo 2 del decreto declaró la "Emergencia Económica, Financiera, Energética y Social". Para el Ejecutivo, no había margen de maniobra; para la calle, fue una declaratoria de guerra.

El ajuste no admite eufemismos. Los números golpean el bolsillo con la frialdad de las estadísticas. La gasolina especial saltó de 3,74 a 6,96 bolivianos, un incremento del 86%. El diésel, sangre del transporte pesado y la agroindustria, subió un 162%, ubicándose en 9,80 bolivianos. Como red de contención ante el impacto inflacionario, el gobierno decretó un alza del 20% en el salario mínimo nacional, que ahora alcanza los 3.300 bolivianos, junto a reajustes en el bono Juancito Pinto y la Renta Dignidad. La apuesta oficial es clara: sincerar la economía aunque el costo social sea alto.

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Sin embargo, el nudo que impide la resolución del conflicto no es solo económico, sino jurídico y político. La COB y los sectores movilizados apuntan a los artículos 11 y 12 del decreto como una violación flagrante a la Constitución Política del Estado. El mecanismo cuestionado permite la aprobación de inversiones extranjeras mediante una vía rápida o "Fast Track" de 30 días, refrendada únicamente por el Ejecutivo. Los sindicatos, citando los artículos 158 y 362 de la carta magna, sostienen que cualquier contrato sobre recursos naturales exige aprobación legislativa.

Argollo, al salir de la reunión fallida, fue tajante ante la prensa: la lucha es para evitar que "vendan el país a las transnacionales". Desde la otra vereda, el presidente Paz utilizó su cuenta en la red social X para defender la medida, asegurando que su prioridad es "restablecer la seguridad jurídica y abrirnos a la inversión internacional sin complejos", acusando a la gestión anterior de haber convertido a Bolivia en una isla. El gobierno prioriza la velocidad de la inversión, mientras los sindicatos denuncian una entrega de recursos sin fiscalización.

El termómetro social marca fiebre alta. Mientras las rutas se cierran, la escasez comienza a sentirse en los hogares. Evo Morales, exmandatario y figura central de la oposición, denunció restricciones en la venta de gas licuado de petróleo (GLP), asegurando que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) limita la compra a una garrafa cada quince días. La ANH, en un comunicado oficial, negó el alza del precio de la garrafa —fijado en 22,50 bolivianos— y justificó los controles estrictos como una medida necesaria para frenar el contrabando en las fronteras, especialmente en Pando.

En medio del fuego cruzado, el empresariado intenta hacerse oír desde sus dos bastiones principales. Jean Pierre Antelo, presidente de la Cainco —la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz—, rechazó las medidas de presión con un mensaje pragmático: bloquear no es legítimo cuando detiene la cosecha y paraliza el esfuerzo de quienes intentan producir. En sintonía, desde su sede en La Paz, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) emitió un comunicado alertando que la parálisis no solo genera pérdidas millonarias y encarece la canasta familiar, sino que ahuyenta la inversión extranjera y dinamita las fuentes de empleo que el país necesita para salir de la crisis.

La situación actual es un empate catastrófico. El gobierno se mantiene firme en no derogar el decreto, convencido de que retroceder implica el colapso financiero. La COB, por su parte, promete mantener las carreteras cerradas hasta lograr la anulación total de la norma. No hay visos de solución a corto plazo. Lo que hay es incertidumbre, filas en los mercados y la sensación de que Bolivia define su futuro inmediato en el asfalto caliente de las carreteras bloqueadas.