La Ley 1720: El bumerán agrario de Rodrigo Paz

Hay un silencio denso en las rutas que conectan el Altiplano con las tierras bajas, el tipo de silencio que sucede a las tormentas políticas. El presidente Rodrigo Paz ha firmado la abrogación de la Ley 1720 y, con esa rúbrica, ha sellado su segunda derrota estratégica en menos de seis meses. La norma, nacida en los laboratorios del Ministerio de Economía, o tal vez en las cámaras de los grandes empresarios del agronegocio, como un mecanismo de bancarización forzosa, pretendía convertir el surco en garantía hipotecaria. El argumento oficial, repetido en spots y conferencias, hablaba de darle poder al campesino. Pero en la geografía boliviana, donde la tierra es un concepto sagrado y político antes que un activo comercial, la letra chica se leyó como una sentencia de despojo.

El conflicto germinó en la oscuridad de los despachos. La Ley 1720 fue impulsada en el Legislativo por el senador Branko Marinkovic, un hombre cuyos intereses en la soja no son un secreto para nadie. El 8 de abril de 2026, mientras Paz promulgaba la norma en un acto con la plana mayor del empresariado agroindustrial en Santa Cruz, las primeras columnas de una marcha indígena comenzaban a serpentear desde el Beni. Esa coincidencia cronológica no fue un error de agenda, sino un síntoma de la desconexión profunda entre un gobierno que busca divisas con desesperación y un país que decide sus destinos en cabildos.

La trampa, denuncian los técnicos de la Fundación Tierra y el CEJIS, residía en la figura de la "Reconversión Voluntaria". Bajo esta modalidad, una pequeña propiedad comunitaria podía mutar en mediana propiedad mediante un trámite exprés de diez días. En los papeles, esto permitía al productor acceder al crédito bancario. En la práctica, implicaba la renuncia a la protección constitucional de 2009, que declara a la pequeña propiedad como inalienable e inembargable. "No queremos la ley, es una trampa", se escuchaba en los bloqueos de los Ponchos Rojos. El campesino sabe que una mala cosecha o una sequía inoportuna, con la Ley 1720 en vigencia, significaba entregarle el título al banco.

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Sin embargo, la verdadera joya de la corona para los sectores de poder era la pausa de diez años en la verificación de la Función Económica Social (FES). Según el marco legal vigente desde la Ley INRA de 1996 y profundizado en la era del MAS, el Estado tiene la facultad de revertir tierras si estas no producen o son ociosas. La Ley 1720 otorgaba una década de "blindaje" contra la fiscalización estatal. Esto explica por qué, tras la abrogación, el sector empresarial cruceño estalló en denuncias de inseguridad jurídica. Para los grandes propietarios, que a menudo fraccionan sus latifundios para que figuren como pequeñas unidades ganaderas y así evadir impuestos, la ley era el pasaporte legal para la especulación y la deforestación sin control.

Los datos analizados por especialistas de la Fundación Tierra y el CEJIS revelan el alcance de esta distorsión: solo en el departamento de Santa Cruz se identificaron unas 7.000 propiedades que suman 1.7 millones de hectáreas bajo la etiqueta jurídica de pequeña ganadería. Estos registros, según las denuncias de estos organismos, ocultan en realidad explotaciones de agricultura mecanizada de exportación que buscan evadir impuestos y controles de reversión. Son los beneficiarios reales de la normativa. Mientras tanto, el pequeño productor, cuya parcela suele medir menos de dos hectáreas, queda fuera del sistema financiero tradicional; para ellos, el riesgo denunciado por los movimientos sociales es que sus tierras terminen absorbidas por grandes capitales una vez que el banco ejecute las hipotecas por falta de pago.

La historia de Bolivia se escribe sobre la propiedad del suelo. Desde la Revolución de 1953, que rompió el latifundio feudal bajo la consigna de que la tierra es de quien la trabaja, el ADN campesino rechaza cualquier intento de mercantilización del territorio. La Ley 1720 chocó de frente con ese muro histórico. Intentó modernizar por decreto un país que todavía guarda en la memoria colectiva el carácter colectivo de las Tierras Comunitarias de Origen.

Rodrigo Paz habita hoy una presidencia sitiada. La abrogación del 13 de mayo marca un patrón de ensayo y error que está agotando su capital político. Ya sucedió con el intento de eliminar el subsidio a los combustibles, aquel "gasolinazo" que duró menos de una semana ante la presión de la Central Obrera Boliviana. Ahora, al retroceder con la ley agraria, Paz ha perdido su único aliado sólido: la burguesía del Oriente, que ahora lo acusa de debilidad y de gobernar bajo el veto de la calle.

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El viceministerio de Coordinación Parlamentaria ha quedado expuesto por su incapacidad de socializar una norma de semejante calado. El país quedó paralizado por un cerco logístico que amenazaba con desabastecer las ciudades principales. La capitulación fue, en última instancia, un acto de supervivencia para evitar el colapso total. El gobierno ha prometido redactar una nueva ley consensuada en un plazo de sesenta días, pero la desconfianza ya ha echado raíces.

En Bolivia, la inseguridad jurídica no es la ausencia de normas, sino la pretensión del Estado de imponer leyes que carecen de consenso social previo. Rodrigo Paz intentó imponer una lógica de mercado sobre un mapa de sobrevivencia ancestral. El resultado fue un bumerán que regresó con la fuerza de una movilización nacional. Mientras el Comité Pro Santa Cruz denuncia un golpe de estado y la COB celebra una victoria popular, la realidad es que el gobierno ha demostrado no tener el control territorial ni legislativo para alterar el modelo social vigente. La tierra sigue siendo el límite del poder en el Palacio Quemado.