La Chiquitanía frente al fuego: entre la emergencia y la prevención pendiente
Las palmeras se encendieron de golpe, muy cerca. Alejandro había dejado a los novatos sobre el camino, junto al camión cisterna, con una tarea sencilla: impedir que el fuego cruzara la senda mientras él y los más experimentados avanzaban monte adentro. Era mediodía. El humo espesaba el aire y el calor apretaba como una plancha. Cuando les gritó que apagaran las palmeras, nadie reaccionó. Corrió hacia ellos, sacudió a algunos, volvió a gritar. Seguían inmóviles. “Pensé que de ahí no salíamos”, dice hoy, mientras mira una fila de pilotos negros y cascos gastados colgados en una pared del cuartel. Cuando una manguera quedó trabada en el cisterna, sacó el cuchillo de la cintura, la cortó y ordenó evacuar. Otro grupo, unos cientos de metros monte adentro, había dejado de responder por radio. Fue a buscarlos y, al encontrarlos, también los envió al punto de encuentro.
Todavía faltaba el camión. Había quedado solo entre el humo y Alejandro no quería perderlo. Volvió a internarse casi a ciegas hasta distinguir en el suelo una figura larga y retorcida. Por un instante creyó que era una serpiente; era la manguera que había cortado minutos antes. La siguió hasta encontrar el cisterna y regresó con él al punto de encuentro. Cuando apareció, algunos de los jóvenes lo miraron como si vieran un fantasma. “Capitán, está vivo”, dijo uno. Lo habían dado por muerto. Alejandro volvía con el mismo miedo: que alguno de los que había enviado por delante no hubiera logrado salir.
El incendio que Alejandro recuerda ocurrió en 2019, un punto de inflexión en la historia reciente del fuego en Bolivia y, en particular, en la Chiquitanía. Según la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), ese año ardieron cerca de 6,4 millones de hectáreas en todo el país, 4,1 millones de ellas en Santa Cruz, el 65% de la superficie afectada a nivel nacional. Hacia septiembre, casi la mitad de esa área quemada en el departamento correspondía a bosque, y más de 1,4 millones de hectáreas pertenecían específicamente al bosque chiquitano. La magnitud del desastre puso a los incendios en el centro de la agenda pública; expuso, además, la vulnerabilidad de una región que ya arrastraba antecedentes de grandes temporadas de fuego.
Para Alejandro, aquel año también fue una frontera. Llevaba casi dos décadas como bombero voluntario, pero nunca había enfrentado un incendio rural de esa escala, ni durante tantos días seguidos. "La precariedad en 2019 fue bastante notoria", recuerda. Después de esa temporada, dice, la sociedad empezó a reconocer más el trabajo de los bomberos voluntarios, y la Gobernación comenzó a incorporarlos como brazo operativo frente a los incendios forestales. Pero el aprendizaje tuvo límites: mejoraron algunas herramientas y la capacidad de respuesta. La prevención y la preparación estructural, para él, siguieron quedando detrás de la emergencia.
Para quienes seguían el avance sobre el territorio, el fuego de 2019 empezó antes de agosto. Eder Santibáñez, integrante del Movimiento en Defensa del Valle de Tucabaca y oriundo de Roboré, cuenta que desde el año anterior su organización denunciaba desmontes y la presión de la frontera agropecuaria sobre zonas de bosque. Con mapas e imágenes satelitales registraron cómo cambiaba el uso del suelo y cómo la pérdida de vegetación alteraba el ambiente. Menos bosque, explica, significa menos capacidad de retener humedad y períodos secos más intensos. En el bosque seco chiquitano, esa combinación deja más material disponible para arder. "Si destruimos bosque, el bosque que va quedando se vuelve más combustible", dice.
Alejandro sostiene que el problema no cambió: "Seguimos batallando con lo mismo". Cuando el desastre ya está en marcha se compran equipos, se refuerzan brigadas y se liberan recursos, pero al año siguiente hay que empezar de nuevo. Él lo compara con una alcancía que se rompe cada vez que llega la crisis. “Eso no es resiliencia”.
En Roboré, Eder Santibáñez recuerda vecinos que abandonaron temporalmente sus trabajos para llevar agua, alimentos y equipos, voluntarios que se sumaron a los frentes y organizaciones que armaron la logística para asistir a las comunidades. En 2024, la Defensoría del Pueblo constató en el municipio una situación crítica que afectaba especialmente a las comunidades indígenas chiquitanas de San Lorenzo Nuevo, San Lorenzo Viejo y Naranjos; Roboré ya había sido declarado en desastre municipal. Eder participó también de evacuaciones. "Están sus sembradíos, los niños, la escuela. No es que viene el fuego y me voy", explica. Algunas familias resistieron hasta donde pudieron; otras vieron quemarse casas y cultivos.
El fuego regresa con una frecuencia que ya es parte del calendario de la región. Un análisis de la Fundación Amigos de la Naturaleza sobre cuatro décadas en Santa Cruz calculó un promedio de 1,55 millones de hectáreas quemadas por año entre 1985 y 2024; entre 2020 y 2024 esa media subió a 3,2 millones anuales, y 2024 fue el máximo de la serie, con más de 9 millones de hectáreas afectadas en el departamento. Eder Santibáñez dice que después de una temporada fuerte queda el temor, aunque el mismo lugar no necesariamente vuelva a arder al año siguiente, porque necesita tiempo para acumular otra vez material combustible.
Eder Santibáñez lleva años denunciando desmontes, siguiendo cambios en el territorio y acompañando a las comunidades afectadas, y aun así no acepta que el deterioro sea irreversible. Cree que la ciencia, la tecnología y el conocimiento acumulado dan herramientas para intervenir. "Creo que las cosas se pueden transformar, que se puede cambiar, que se puede frenar y se puede revertir el proceso", dice. Y agrega: "Si no creyera en eso, no sería yo".
Alejandro ha vuelto a lugares donde combatió incendios y reconoce las marcas que dejó el fuego. El regreso le trae imágenes que preferiría no recordar: animales huyendo, monte arrasado, horas de incertidumbre. Pero también encuentra brotes de una nueva vegetación; como si la naturaleza, después del fuego, insistiera en volver.
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