El diésel cambia de precio; los apoyos deben demostrar su alcance
Para quien depende del combustible, el día empieza con preguntas: ¿habrá diésel?, ¿cuánto habrá que esperar?, ¿alcanzará para terminar la jornada? La fila inmoviliza camiones y demora cargas; a otras familias les quita horas de trabajo, complica traslados y turnos médicos. Sin certeza en el surtidor, se altera la rutina de quienes dependen de que los alimentos y las mercancías lleguen a tiempo.
La escasez acompaña el primer año del Gobierno de Rodrigo Paz. El Ejecutivo retiró la subvención al diésel y vinculó su nuevo precio al costo de importación. Anunció bonos, créditos y otras ayudas: el precio ya rige; la protección frente a sus efectos tendrá que probarse después.
El ajuste tiene efecto inmediato; las ayudas se aprobaron y se ejecutarán por etapas.
El Decreto Supremo (DS) 5716 fijó inicialmente el litro en Bs 17,95, frente a Bs 9,80: una suba aproximada del 83,2%. Reemplazó el precio fijo por un cálculo ligado al Precio de Paridad de Importación y una banda de ajuste del 5%. El cambio rige para el diésel; los demás combustibles conservaron su esquema.
El Gobierno defiende que el cambio reducirá el costo fiscal, el contrabando y la escasez. Paz cifró la subvención en US$ 55 millones semanales. El economista Fernando Romero advirtió, en un análisis publicado por el medio El Diario el 20 de septiembre, que esa cifra no equivale automáticamente a ahorro fiscal neto: comprende el costo de la subvención a los hidrocarburos, mientras que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) aún necesita divisas para importar. El resultado dependerá del gasto que realmente se evite y del destino de los recursos.
Entre los apoyos respaldados por decreto está el Programa Extraordinario de Protección y Equidad II (PEPE II), una transferencia temporal destinada a grupos vulnerables: Bs 250 (aproximadamente 25 dólares) cada dos meses, hasta Bs 750, entre noviembre de 2026 y abril de 2027. El Bono Juancito Pinto, incentivo anual para estudiantes de unidades educativas fiscales y de convenio, subió a Bs 300; el inicio de pago se anunció para el 26 de octubre. Además, el DS 5720 autorizó hasta Bs 800 millones en créditos al 6% y 6,5% para actividades productivas.
El precio empezó a regir con la publicación del decreto. Los bonos tenían fechas futuras y todavía no se habían entregado al corte de esta nota. El fondo productivo fue autorizado, pero requiere operación del fideicomiso y acceso de los productores; son préstamos, no transferencias. También se anunciaron alivios tributarios, exenciones arancelarias y empleos mediante enlosetado de calles. Aprobación, fondos disponibles y entrega son etapas distintas.
El diésel mueve mercancías, pasajeros y maquinaria agrícola. El mayor costo puede ser absorbido o trasladarse a fletes, pasajes y alimentos. Si llega a precios, pesará sobre familias cuyos ingresos ya erosiona la inflación.
Una reforma urgente llega a un Gobierno que acumula presiones, desconfianza y desacuerdos sobre el rumbo.
Paz llegó en noviembre de 2025 con la promesa de resolver la crisis. Las filas y la escasez persistieron; entre mayo y junio, bloqueos y protestas duraron 53 días y terminaron con acuerdos, no con el fin de los reclamos. En septiembre, sindicatos y transportistas volvieron a cuestionar la política de combustibles. Evo Morales, presidente de Bolivia entre 2006 y 2019, sigue activo como líder del movimiento evista y de la organización Evo Pueblo. El 26 de septiembre dio plazo al Gobierno hasta el 3 de octubre para abrogar decretos y anunció una movilización nacional desde el 13.
Desde la derecha, el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, jefe de Estado entre 2001 y 2002 y candidato presidencial de la alianza Libre en 2025, criticó la incertidumbre y pidió publicar el acuerdo completo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En agosto, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO) cuestionaron la lentitud estatal para responder a la crisis productiva. El Partido Demócrata Cristiano (PDC), cuya sigla llevó a Paz y Lara al poder, anunció su alejamiento del Gobierno. Las objeciones no son iguales: unas exigen rapidez y previsibilidad; otras rechazan el rumbo del ajuste.
A la fragilidad se suma la ruptura con el vicepresidente Edmand Lara, quien cuestionó a Paz y se declaró opositor. La disputa llegó a la sucesión interina durante los viajes de ambos. El Ejecutivo recibe cuestionamientos desde movimientos sociales, la derecha y una figura que llegó al poder en la misma fórmula.
La crisis de divisas y la menor producción de hidrocarburos encarecieron las importaciones y contribuyeron a la escasez. El Congreso aprobó en septiembre un acuerdo de US$ 1.900 millones con el FMI; al 26 de septiembre faltaba el aval de su Directorio para habilitar desembolsos. El programa contempla disciplina fiscal, reconstrucción de reservas, mayor flexibilidad cambiaria, protección social y reformas de gobernanza e inversión privada.
El desafío excede conseguir crédito: las reformas tocarán gasto, impuestos, tipo de cambio e inversión. Encontrarán resistencia si la población siente que el costo recae sobre sus ingresos. Sindicatos alertan sobre pobreza; Quiroga exige transparencia. La viabilidad dependerá de proteger hogares vulnerables y mostrar resultados.
La crisis boliviana cruza energía, minerales estratégicos y el debate latinoamericano sobre estabilización y desarrollo.
El caso boliviano se inscribe en el debate regional sobre subsidios, ajuste y acuerdos con el FMI: ¿puede un Gobierno corregir desequilibrios y atraer fondos sin perder gobernabilidad ni trasladar todo el costo a la población? Las organizaciones ligadas al Movimiento al Socialismo (MAS), que gobernó durante casi dos décadas, mantienen capacidad de movilización.
Bolivia integra el Triángulo del Litio con Argentina y Chile, y posee además gas y otros minerales. Estos recursos le dan relevancia en la transición energética, pero no resuelven la crisis por sí mismos: hacen falta inversión, tecnología, reglas estables y capacidad para convertirlos en producción e ingresos públicos.
Octubre pondrá a prueba la capacidad del Gobierno para ejecutar, escuchar y reconstruir acuerdos.
Octubre tiene peso político. En 2003, la Guerra del Gas culminó con la renuncia de Sánchez de Lozada, el día 17, tras protestas y represión mortal. En 2019, las movilizaciones comenzaron después de la elección del 20 de octubre; Evo Morales renunció el 10 de noviembre. Fueron crisis distintas: el antecedente explica la sensibilidad del mes, no predice una repetición.
En octubre habrá que observar el suministro, el pago puntual de los bonos y el crédito que llega a productores; también la evolución de fletes, pasajes y alimentos. Será clave que el Gobierno dialogue, evite la escalada y garantice la protesta sin recurrir a una respuesta que agrave el conflicto.
El precio ya cambió. La prueba será ejecutar los apoyos, transparentar el ahorro y atender los reclamos. Para recuperar confianza, Paz tendrá que reconstruir consenso con hechos: combustible disponible, ayudas entregadas y medidas que mitiguen el costo de vida.
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