Bolivia: el ajuste, la calle y el fracaso de Rodrigo Paz

La fila para cargar combustible empieza antes de que amanezca. En La Paz, en El Alto, en las rutas que conectan el eje andino, la crisis dejó de ser una palabra de los analistas y se volvió una escena cotidiana. Hay gente que duerme poco, que busca comida barata, que espera con un bidón en la mano, que maldice los bloqueos y también maldice al gobierno. En Bolivia, cuando la ruta se corta, no se interrumpe solo el tránsito. Se pone en discusión quién manda, quién resiste y quién paga la cuenta.

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Desde el 1 de mayo de 2026, el país atraviesa una parálisis logística con más de 67 bloqueos activos, concentrados sobre todo en el eje andino. El acceso a La Paz y El Alto quedó condicionado por cortes, protestas y operativos de seguridad. El saldo humano marca cuatro fallecidos y 90 detenciones. Algunos muertos se explican por enfrentamientos directos. Otros, por la imposibilidad de circulación de ambulancias. El gobierno desplegó operativos militares y policiales para abrir corredores humanitarios. También se denunciaron ataques con dinamita contra convoyes. En el Senado, la abrogación de la Ley 1341, que regulaba los Estados de Excepción, abrió otro frente: el temor a que el Ejecutivo pueda aplicar medidas extraordinarias con menos restricciones legales.

Pero la crisis boliviana no se explica solo por los bloqueos. Los bloqueos son la forma visible de un problema más profundo. Bolivia atraviesa una crisis de modelo económico que el gobierno de Rodrigo Paz Pereira no logra encauzar. La izquierda perdió el poder y quedó atomizada. La derecha se abalanzó sobre el nuevo gobierno para intentar convertir la derrota del MAS en una restauración económica. Y Rodrigo Paz, que llegó con la promesa de una tercera vía, no muestra todavía plan, firmeza política ni eficiencia de gestión.

La crisis se escucha en la calle

Antes de hablar de Rodrigo Paz, Evo Morales, la COB o Santa Cruz, hay que empezar por la vida diaria. Las crisis políticas profundas no viven solo en los palacios. Bajan al precio de la comida, al transporte que no llega, al camión detenido, a la fila por combustible, al mercado que vende con miedo, al vecino que no sabe si podrá trabajar al día siguiente.

Los testimonios recogidos durante las protestas muestran una sociedad partida. Hay rechazo a los bloqueos porque perjudican a la población. Hay enojo contra el gobierno porque muchos sienten que sus decretos y su gestión no pensaron en la gente común. Hay cansancio. Hay miedo. Hay sectores que dicen que no todos salieron a bloquear por voluntad propia. Hay otros que entienden que la protesta es la única forma de hacer visible el deterioro.

Ese es el primer dato político: Bolivia no habla con una sola voz. La población puede sufrir los bloqueos y, al mismo tiempo, desconfiar del gobierno. Puede pedir circulación y, al mismo tiempo, sospechar del ajuste. Puede rechazar la violencia y, al mismo tiempo, sentir que las autoridades dejaron de escuchar.

Cuando una crisis entra en la vida material de la población, un gobierno necesita algo más que consignas amplias. Necesita conducción. Necesita capacidad de gestión. Necesita ofrecer una salida. Rodrigo Paz, hasta ahora, no logró hacerlo.

El modelo económico que dejó de funcionar

Durante buena parte del siglo XXI, Bolivia tuvo una base material que le permitió sostener estabilidad: gas, divisas, subsidios, inversión pública y un Estado con capacidad de arbitraje. Ese modelo tuvo límites evidentes. Dependió demasiado de los hidrocarburos, diversificó poco la economía, concentró poder y produjo burocracias propias. Pero también permitió crecimiento, inclusión social y una ampliación del protagonismo político de sectores indígenas, campesinos, sindicales y urbanos populares.

La producción de gas natural cayó desde los 59 millones de metros cúbicos diarios en 2014 a menos de 37 millones en la actualidad. El dato no es solo energético. Es fiscal, comercial y político. Cuando el gas deja de generar divisas, el Estado pierde margen para importar combustibles, sostener subsidios y ordenar la economía. Bolivia, que durante años exportó energía como una fuente central de ingresos, se convirtió en importador neto de combustibles.

La escasez de dólares agravó el cuadro. En el mercado paralelo, la cotización se estabilizó cerca de los 10 bolivianos por dólar. Esa brecha encarece importaciones, dificulta el abastecimiento de insumos y deteriora la confianza. A eso se suma la denuncia del sector transporte sobre la distribución de “gasolina desestabilizada”, señalada como combustible de baja calidad que dañaría motores. Lo que empezó como una queja técnica terminó articulando malestares más amplios: choferes, trabajadores, sindicatos y organizaciones sociales encontraron en el combustible un punto común de protesta.

La crisis no empezó en las rutas. Las rutas mostraron lo que la economía venía acumulando. Cuando faltan dólares, cuando el combustible falla, cuando los precios suben y cuando el Estado ya no puede sostener el equilibrio anterior, aparece la pregunta que ningún gobierno quiere responder en voz alta: quién paga la transición.

La derecha boliviana tiene una respuesta. El costo debe pagarlo la sociedad de abajo. Menos Estado, más mercado, más apertura, más disciplina social, menos capacidad de presión de las organizaciones populares. El problema para esa derecha es que Bolivia no volvió al país anterior al MAS. El MAS perdió el gobierno, pero la sociedad que se organizó durante sus años de hegemonía sigue viva.

La izquierda perdió el poder, pero no desapareció la calle

La crisis de Bolivia no muestra una izquierda ordenada. Muestra una izquierda fragmentada.

Evo Morales intenta volver al centro de la escena con una demanda de elecciones anticipadas en 90 días. Su lectura es clara: cuando no hay gobernabilidad, la salida debe ser electoral. Esa posición le permite denunciar al gobierno, disputar el calendario político y recuperar protagonismo después de la fractura del MAS.

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Pero la protesta no se agota en Evo.

La Central Obrera Boliviana, encabezada por Mario Argollo, aparece con su propio pliego de reclamos. Exige un aumento salarial del 12 por ciento, el compromiso de no privatizar empresas estatales y la anulación de procesos judiciales contra dirigentes. Argollo habla desde la clandestinidad y denuncia persecución política. El gobierno, en cambio, presenta a la dirigencia sindical como parte de una estrategia de desestabilización.

La COB no es una organización cualquiera en Bolivia. Su historia está atada a la memoria obrera, minera y popular del país. Aunque su peso actual no sea el mismo de otras décadas, conserva una capacidad simbólica que excede la coyuntura. Cuando la COB se moviliza, no habla solo un sindicato. Habla una tradición de presión social que en Bolivia condicionó transiciones, gobiernos y pactos democráticos.

Aun así, tampoco la COB puede reclamar para sí toda la representación popular. Ese es uno de los puntos centrales de esta crisis. El campo popular está disperso. Hay evismo, hay sindicalismo, hay organizaciones campesinas, hay sectores indígenas, hay trabajadores urbanos, hay transportistas, hay voces críticas que no quieren volver al MAS pero tampoco aceptar una restauración conservadora.

María Galindo aporta una lectura necesaria: la movilización es múltiple, de base ancha, y no puede reducirse a una sola organización ni a una sola cabeza. También advierte que existe una agenda popular que no es simplemente masista. Esa distinción importa. Si todo se reduce a Evo Morales, el gobierno puede presentar la crisis como una maniobra de retorno personal. Si se mira la base social más amplia, aparece otra cosa: una sociedad que perdió representación institucional, pero conserva capacidad de presión.

La izquierda perdió el poder. Perdió representación legislativa. Perdió unidad. Pero no desapareció de la calle. El país que produjo el MAS no se evaporó con una derrota electoral. Sigue en las rutas, en los sindicatos, en las provincias, en las ciudades populares y en la memoria política de una sociedad que aprendió a disputar.

La derecha y la oportunidad histórica

Rodrigo Paz llegó al gobierno como promesa de pacificación. Quiso presentarse como una tercera vía: ni MAS ni antimas furioso, ni estatismo clásico ni neoliberalismo frontal. Una fórmula de capitalismo popular, federalismo, autonomías y oportunidades.

Esa fórmula sirvió para ganar. Gobernar resultó más difícil.

Cuando la economía exige decidir quién paga, la tercera vía se achica. Y sobre esa indefinición se abalanzó la derecha boliviana. La derecha política, la derecha empresarial, los sectores que quieren abrir la economía, disciplinar a las organizaciones sociales, despejar rutas, garantizar negocios y transformar la derrota del MAS en restauración económica.

El Comité pro Santa Cruz exige un estado de excepción sectorizado y reclama liberar las rutas por la fuerza. Las cámaras empresariales, entre ellas CAINCO y la CEPB, demandan el cumplimiento del derecho a la libre transitabilidad y reportan pérdidas de hasta 50 millones de dólares diarios por los bloqueos. La derecha tradicional, con figuras como Jorge Quiroga y Samuel Doria Medina, aporta sustento legislativo a la gestión de Paz y encuadra el conflicto como un intento de desestabilización promovido por Evo Morales.

El hartazgo contra los bloqueos es real. La población sufre. Los comerciantes pierden. El transporte se paraliza. Las ciudades quedan atrapadas. Nadie puede romantizar ese costo social. Pero cuando el pedido de orden aparece sin discutir la causa de fondo, el riesgo es que la crisis sea reducida a un problema policial.

Y Bolivia sabe lo que ocurre cuando las salidas de fuerza reemplazan a la política.

Las heridas de Sacaba y Senkata siguen en la memoria reciente. En Bolivia, hablar de fuerza pública no es hablar de una abstracción. Es hablar de muertos, familias rotas y resentimientos que después atraviesan generaciones. Un operativo puede despejar una ruta por unas horas. También puede abrir una crisis más larga.

Por eso la derecha juega una partida peligrosa. Quiere orden para que el ajuste avance. Quiere circulación para que la economía vuelva a funcionar. Quiere autoridad para que el gobierno no retroceda. Pero no quiere discutir quién se beneficia con ese nuevo orden ni quién pagará la cuenta.

Santa Cruz tampoco puede ser presentada como un bloque homogéneo. El Comité pro Santa Cruz y las cámaras empresariales expresan intereses reales, pero no agotan la complejidad social del Oriente. Hay sindicatos, trabajadores, barrios populares y sectores que no se reconocen en la voz empresarial. Confundir a las élites cruceñas con todo Santa Cruz es una simplificación útil para la política, pero pobre para entender Bolivia.

Rodrigo Paz y la tercera vía sin conducción

Rodrigo Paz habla de patria, oportunidades, producción y libertad. En uno de sus discursos aparece la frase que mejor resume su orientación: “no es el Estado el que nos va a salvar”. En Bolivia, esa frase pesa. Durante los años del MAS, el Estado fue presentado como instrumento de recuperación nacional, redistribución y reconocimiento social. Paz propone otra cosa: menos Estado salvador, más individuo productor, más iniciativa privada, más descentralización.

El problema no es que tenga una ideología. El problema es que esa ideología no aparece sostenida por un plan consistente.

Paz no mostró cómo estabilizar la economía sin provocar una fractura social. No mostró cómo dialogar con los sectores populares sin estigmatizarlos. No mostró cómo contener a la derecha sin entregarle la agenda. No mostró cómo avanzar hacia el federalismo sin abrir una nueva disputa territorial. Y no mostró eficiencia suficiente para gestionar la crisis.

El presidente habla de autonomías y de la necesidad de que ningún departamento se imponga sobre otro. La idea puede sonar razonable en un país atravesado por tensiones históricas entre el Occidente andino y el Oriente. Pero en medio de una crisis de combustible, divisas, precios, bloqueos y muertos, el federalismo corre el riesgo de sonar menos como programa de Estado que como desplazamiento del problema.

La reducción de su salario y el de sus ministros al 50 por ciento buscó enviar una señal de austeridad. Pero la señal quedó corta frente a la magnitud del conflicto. La gente no mide la conducción presidencial por el gesto salarial. La mide por la capacidad de ordenar el abastecimiento, abrir una negociación, evitar la violencia y ofrecer un horizonte creíble.

El deterioro de la confianza es el corazón político de la crisis. Para sus críticos, Paz prometió capitalismo popular, créditos, participación y fin del Estado tranca, pero una vez en el gobierno marginó a los sectores populares y los estigmatizó. Esa acusación es más grave que el rechazo a una medida puntual. Cuando la molestia se concentra en una ley, el gobierno puede retirar la ley. Cuando se concentra en un ministro, puede cambiar al ministro. Cuando se concentra en el presidente, la crisis entra en otra escala.

Rodrigo Paz no enfrenta solo una protesta. Enfrenta una acusación de traición política. La de haber entrado a los sectores populares durante la campaña, haber recogido expectativas, haber prometido una salida distinta y luego gobernar bajo la presión de quienes quieren descargar el costo de la crisis hacia abajo.

No tomar partido también es tomar partido. Si el gobierno no define un rumbo, el rumbo lo definen los actores con más poder. Y hoy esos actores son la derecha económica, las élites territoriales, los sectores que piden orden sin redistribución y las organizaciones populares que responden desde la calle porque sienten que no tienen lugar en la mesa.

Bolivia como laboratorio regional

Bolivia importa porque no es un caso aislado. Es un laboratorio político latinoamericano.

La región observa qué ocurre cuando una derecha vuelve al gobierno después de un ciclo popular largo. Observa qué queda del poder popular cuando pierde el Estado. Observa si una victoria electoral puede convertirse en restauración económica sin provocar resistencia social. Observa cómo se combina mercado, seguridad y gobernabilidad en una sociedad que no acepta en silencio el ajuste.

El gobierno de Paz alineó su política exterior con el eje conservador regional y recibió respaldo de Estados Unidos, que envió asistencia alimentaria y apoyo logístico. La tensión con el bloque progresista escaló hasta la expulsión recíproca de embajadores con Colombia, después de las críticas de Gustavo Petro a la represión en Bolivia. La crisis, entonces, ya no ocurre solo en las rutas ni en la Asamblea Legislativa. También se proyecta sobre el mapa ideológico de Sudamérica.

En ese escenario aparece la influencia de la nueva derecha regional. Se reporta el peso del asesor argentino Fernando Cerimedo, vinculado a los entornos de Javier Milei y Jair Bolsonaro, en la estrategia comunicacional del gobierno. El encuadre del conflicto como “combate al narcoterrorismo” no es neutro. Sirve para correr una crisis social hacia el terreno de la seguridad. Cuando una protesta es definida como amenaza existencial, el diálogo pierde espacio y la fuerza gana legitimidad discursiva.

La abrogación de la Ley 1341 suma tensión a ese cuadro. Si el Ejecutivo cuenta con menos restricciones para aplicar medidas extraordinarias, la frontera entre gobernabilidad y excepcionalidad se vuelve más delgada. En un país con memoria reciente de violencia estatal, esa frontera no es un detalle jurídico. Es una línea política.

El MAS no fue solo un partido de gobierno. Fue un proceso que incorporó al Estado a sectores indígenas, campesinos, sindicales y populares que antes estaban afuera o en los márgenes. Ese proceso tuvo contradicciones, concentró poder, produjo burocracia y agotó parte de su legitimidad. Pero también modificó las expectativas de millones de bolivianos.

Por eso la derecha puede ganar una elección, pero no puede gobernar como si esos años no hubieran existido. La derrota electoral del MAS no equivale a la derrota social del mundo que el MAS expresó. Esa es la tensión que atraviesa Bolivia y que la región mira con atención.

El país bloqueado

Bolivia no está bloqueada solo por sus rutas. Está bloqueada por el final de un modelo económico que no terminó de ser reemplazado. Está bloqueada por una izquierda que perdió el poder, pero dejó una sociedad difícil de disciplinar. Está bloqueada por una derecha que quiere convertir la derrota del MAS en restauración de mercado. Está bloqueada por un presidente que prometió salir de la grieta y terminó atrapado en ella.

La pregunta ya no es solamente cuándo se levantarán los bloqueos. La pregunta es si Bolivia puede atravesar el ajuste sin que la transición se convierta en revancha social. Y si el poder popular que el MAS ayudó a engendrar podrá construir una salida política nueva, o quedará reducido a resistencia, bloqueo y nostalgia frente a una derecha que volvió al Estado con hambre de restauración.

Mientras la política busca respuestas, las filas siguen creciendo frente a los surtidores. En esas filas, mucho antes que en el Parlamento, empieza a escribirse el próximo capítulo de la crisis boliviana.