En una operación policial realizada durante la madrugada del sábado 30 de marzo, se allanaron tanto la vivienda personal como el despacho oficial de la presidenta de Perú, Dina Boluarte. Esta acción se inscribe dentro de una investigación en curso por presunto enriquecimiento ilícito, derivado de la posesión de más de quince relojes de alta gama que la mandataria no incluyó en su declaración jurada. La presidenta había pospuesto su declaración ante el fiscal que la investiga alegando una agenda oficial cargada. Los relojes en cuestión no aparecieron durante el allanamiento, pero si unos certificados de compra en una joyería de Lima que pueden facilitar la pesquisa y complicar a la mandataria.
Dina Boluarte no fue elegida presidenta por el voto popular, sino que reemplazó a Pedro Castillo, destituido en 2022. El Congreso peruano, que podría obligarla a convocar a elecciones, se muestra reticente, ya que ello implicaría que sus miembros tendrían que dejar el poder. Además, perderían a alguien que ha sido funcional a los bloques mayoritarios que destituyeron y encarcelaron a Castillo.
La falta de transparencia y las acusaciones de corrupción han minado aún más la ya menguada credibilidad de la clase política peruana. Según una reciente encuesta realizada por IPSOS de Perú, más de la mitad de la población se considera poco o nada informada sobre política nacional, y un porcentaje similar muestra poco o ningún interés en ella. Este desencanto ciudadano refleja un profundo distanciamiento entre la sociedad y sus líderes políticos.
Por otro lado, el panorama económico del país no es menos preocupante. Según un informe del Banco Mundial, si bien Perú ha experimentado un crecimiento económico notable y una reducción significativa de la pobreza en las últimas dos décadas, aún enfrenta desafíos importantes. La estructura económica dependiente de los recursos naturales y las limitaciones estructurales sin abordar dificultan la creación de empleos formales y la diversificación económica.
La situación se agrava con la contracción del Producto Interno Bruto (PIB) en el primer semestre de 2023, atribuida a la incertidumbre política y el malestar social. Además, eventos climáticos y conflictos internos han afectado sectores clave como la agricultura, la pesca y el turismo. Estos factores han contribuido a una recuperación económica más lenta de lo esperado y han generado preocupaciones sobre la estabilidad financiera del país.
El “Rolex gate” refleja la profunda crisis institucional y económica que enfrenta el país desde hace muchos años y que ha dejado a todos sus presidentes, con mandato incompleto, presos, prófugos y hasta suicidados. Solo a través de una verdadera recuperación democrática se podrán abordar de manera efectiva los problemas de corrupción y la búsqueda de un desarrollo económico inclusivo.
Dina Boluarte (Foto de Radio Exitosa de Lima)
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