Keiko Fujimori: el giro hacia Estados Unidos y los límites de su estrategia
La reunión entre Keiko Fujimori y Marco Rubio en Lima, el último 10 de septiembre, permite observar algo más amplio que una nueva iniciativa de seguridad. Junto al secretario de Estado estadounidense, la presidenta peruana confirmó la incorporación de Perú al Escudo de las Américas, una coalición promovida por el gobierno de Donald Trump para aumentar la cooperación contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. Fujimori sostuvo que la iniciativa permitirá acceder con mayor rapidez a información y actuar con mayor eficacia frente a organizaciones que operan a través de las fronteras.
El anuncio se suma a otras decisiones que empiezan a definir la orientación del nuevo gobierno. La búsqueda de una relación estratégica con Washington convive con una política económica orientada a atraer inversiones, acelerar proyectos mineros y reducir trabas administrativas. Al mismo tiempo, el Ejecutivo intenta conseguir del nuevo Congreso bicameral mayores facultades para ejecutar parte de ese programa sin atravesar el procedimiento legislativo ordinario para cada reforma.
El contexto en el que comenzó el mandato ayuda a entender por qué la seguridad ocupa un lugar central en la búsqueda de mayor capacidad de acción para el Ejecutivo. Entre el 28 de julio y el 14 de agosto se registraron 102 homicidios en Perú, de los cuales 79, el 77,5%, fueron causados por proyectiles de arma de fuego, según un procesamiento realizado por el analista Juan Carbajal sobre los registros preliminares del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), del Ministerio de Salud. El dato representa uno de los indicadores de la violencia que Fujimori colocó entre las prioridades de su gobierno y que ahora utiliza como uno de los argumentos para solicitar al Congreso facultades legislativas.
La necesidad de responder con rapidez también aparece en otro frente que el Gobierno incorporó al pedido de facultades. El 20 de agosto, un sismo de magnitud 7,2 se produjo a 35 kilómetros al norte de Coracora, en el departamento de Ayacucho, según información del Instituto Geofísico del Perú (IGP). A esa emergencia se suma la previsión del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) de que El Niño Costero pueda prolongarse hasta abril de 2027. Seguridad y emergencias funcionan así como las razones más inmediatas del pedido del Ejecutivo, aunque, como se verá más adelante, Fujimori pretende que las facultades delegadas alcancen también reformas económicas y administrativas.
Fernando Tuesta Soldevilla, politólogo y profesor de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica del Perú, sintetizó el primer mes de gestión con una definición prudente: “No hay la eficacia esperada, pero tampoco el proyecto rupturista”. La frase ayuda a colocar el período inicial en perspectiva: todavía es demasiado pronto para evaluar resultados, pero ya existen elementos suficientes para identificar qué intenta hacer Fujimori y dónde pueden aparecer sus principales límites.
Una relación estratégica con Estados Unidos
La incorporación al Escudo de las Américas representa hasta ahora la señal más concreta del acercamiento del nuevo Gobierno a Washington. Durante la conferencia de prensa conjunta, Fujimori explicó que el objetivo inmediato es mejorar el acceso a inteligencia y fortalecer la capacidad de respuesta frente al crimen organizado, mientras remarcó que cualquier actuación peruana deberá respetar las facultades establecidas por la Constitución y las leyes nacionales.
La cooperación anunciada incluye intercambio de inteligencia, sistemas de geolocalización y vínculos con el FBI, la policía federal estadounidense, y la DEA, especializada en la lucha contra el narcotráfico. También está prevista para febrero de 2027 la llegada del USNS Comfort, un buque hospital de la Marina de Estados Unidos. El Gobierno peruano presenta estas acciones como parte de un vínculo que comienza por la seguridad, pero que aspira a extenderse hacia tecnología, infraestructura, inversión y comercio.
El contenido jurídico de la adhesión todavía no está completamente definido. El Senado peruano citó para el 16 de septiembre al canciller Carlos Espá y Garcés-Alvear para que explique los compromisos asumidos, el alcance operativo de la iniciativa y sus posibles implicancias para la soberanía; la convocatoria fue aprobada por 52 votos, sin votos en contra ni abstenciones. Hasta que esos elementos sean precisados, resulta más correcto describir al Escudo como una coalición de cooperación en seguridad que como una alianza militar o un acuerdo que permita intervenciones automáticas de fuerzas estadounidenses en territorio peruano.
La estrategia estadounidense también excede la lucha contra el delito. Durante su visita, Rubio explicó que la administración Trump vuelve a considerar al hemisferio occidental una prioridad vinculada con los intereses nacionales de Estados Unidos y sostuvo que los países que cooperen con Washington deberían poder mostrar beneficios económicos además de resultados en seguridad. Para Fujimori, esa nueva etapa puede resumirse en una expresión que repitió en una entrevista posterior: Perú busca construir con Estados Unidos una “alianza estratégica”.
Minería e inversión como apuesta económica
La minería aparece como uno de los sectores capaces de darle contenido económico a esa estrategia. De acuerdo con la Cartera de Proyectos de Inversión Minera 2026 del Ministerio de Energía y Minas de Perú, existen 66 proyectos distribuidos en 19 departamentos por un valor potencial de 64 mil millones de dólares. El cobre concentra el 70,1% de ese monto y, además, el ministerio registra 69 proyectos de exploración por 757 millones.
Los datos muestran también un aumento reciente de la inversión. El Ministerio de Energía y Minas informó que entre enero y julio de 2026 se ejecutaron 4.117 millones de dólares, 45% más que durante el mismo período del año anterior, y proyecta que el año puede terminar cerca de los 7.000 millones. Siete iniciativas están entre las que podrían alcanzar nuevos hitos durante 2026: Reposición San Rafael, Ampliación Huarón, Reposición Colquijirca, Ampliación Esperanza, Optimización Cerro Verde, Ampliación Huancapeti y Corani.
El desafío no consiste solamente en disponer de recursos minerales o capital interesado. Para convertir una cartera potencial en proyectos ejecutados deben confluir autorizaciones administrativas, evaluaciones ambientales, infraestructura, seguridad jurídica y acuerdos con los territorios y comunidades involucradas. Los reportes sectoriales utilizados como fuente advierten que reducir trámites puede acelerar determinados procesos, pero no elimina por sí mismo la conflictividad social ni los mecanismos de consulta que acompañan a numerosos emprendimientos extractivos.
La política económica se conecta aquí con otra de las iniciativas centrales del Ejecutivo. El Gobierno solicitó facultades para legislar en cuestiones tributarias, aduaneras, administrativas, energéticas y mineras, con el argumento de que necesita reducir tiempos y destrabar decisiones. La estrategia combina así dos objetivos: atraer inversión hacia sectores en los que Perú tiene ventajas y aumentar la capacidad estatal para transformar proyectos potenciales en actividad económica efectiva.
El Congreso marca el primer límite
La composición del nuevo Congreso obliga a Fujimori a negociar esa agenda. Fuerza Popular es la bancada más grande en las dos cámaras, pero posee solamente 41 de los 130 diputados y 22 de los 60 senadores; incluso sumando los representantes de Renovación Popular, otro partido situado en la derecha peruana, ambos espacios reunirían 56 diputados y 30 senadores, cifras insuficientes para disponer de una mayoría propia en las dos cámaras.
La solicitud de facultades legislativas se convirtió rápidamente en la primera prueba de esa relación. El Ejecutivo presentó el 28 de agosto un pedido para legislar mediante decretos durante 120 días sobre 66 materias, que incluyen seguridad, respuesta ante emergencias, modernización estatal, tributación, comercio exterior, minería y energía. La amplitud del planteo muestra que las facultades no están pensadas únicamente para enfrentar la criminalidad o el fenómeno El Niño, sino también como un instrumento para acelerar parte del programa gubernamental.
Las primeras respuestas parlamentarias fueron adversas. La Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados emitió un informe contrario por 11 votos contra 8, mientras que la Comisión de Justicia declaró no viable la delegación en las materias de su competencia por 11 votos contra 4; otras comisiones también formularon objeciones. Esos pronunciamientos no constituyen todavía un rechazo definitivo del pedido, pero sí demuestran que el Ejecutivo deberá construir acuerdos fuera de Fuerza Popular para avanzar con una agenda que pretende ampliar su margen de decisión.
Fujimori reconoció públicamente esa tensión. En una entrevista concedida al medio peruano RPP Noticias, uno de los principales servicios informativos del país, dijo que la sucesión de pronunciamientos negativos le producía una “sensación” de obstruccionismo, aunque afirmó que prefería esperar el debate parlamentario y descartó por el momento impulsar una cuestión de confianza. La disputa expone una tensión que puede acompañar buena parte de su mandato: el Gobierno busca velocidad para ejecutar reformas, mientras el Congreso conserva capacidad para condicionar cuánto poder está dispuesto a delegarle.
China sigue siendo un socio estructural
El acercamiento político a Estados Unidos convive con una realidad económica que limita cualquier posibilidad de giro excluyente. Según cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú, China recibió aproximadamente el 35% de las exportaciones peruanas en 2025, frente al 12% destinado a Estados Unidos y el 11% enviado a la Unión Europea. La diferencia muestra por qué Pekín no puede ser tratado únicamente como un actor externo dentro de la competencia estratégica entre grandes potencias.
La presencia china también se extiende a sectores estratégicos de la economía peruana. Empresas de ese país tienen participación en grandes operaciones mineras: MMG en Las Bambas, Chinalco en Toromocho y Shougang en Marcona. Según datos del Ministerio de Energía y Minas correspondientes a la cartera de proyectos de 2024, las inversiones proyectadas de origen chino representaban 11.371 millones de dólares, equivalentes al 20,8% del total de aquella cartera.
El Puerto de Chancay agrega una dimensión logística a esa relación. Operado por COSCO Shipping, una compañía estatal china, el complejo constituye una conexión directa entre la costa sudamericana y Asia y amplía el vínculo entre ambos países más allá de la exportación de materias primas. Comercio, minería, infraestructura portuaria y logística forman así una estructura de intereses acumulada durante años y difícil de reemplazar mediante un simple cambio de orientación diplomática.
Fujimori ha intentado separar públicamente los dos planos. En la entrevista con RPP Noticias, afirmó que Perú continuará fortaleciendo sus relaciones comerciales con China y, frente a una pregunta sobre la rivalidad entre Washington y Pekín, respondió: “Yo no me voy a meter entre la pelea de ambos países”. También confirmó su intención de viajar a China para participar en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, siempre que el Senado autorice el desplazamiento.
Tres desafíos para una estrategia en construcción
La gobernabilidad aparece como la primera prueba para el proyecto de Fujimori. Fuerza Popular ganó la Presidencia y obtuvo la bancada más numerosa, pero deberá conseguir apoyos de otras fuerzas para aprobar reformas y sostener acuerdos en un Congreso fragmentado. La discusión sobre las facultades legislativas ya mostró que disponer de la primera minoría no garantiza transformar automáticamente las prioridades del Ejecutivo en normas.
La segunda prueba será económica y administrativa. Una cartera minera de 64 mil millones de dólares muestra la magnitud de la oportunidad, pero no asegura que esos proyectos lleguen a ejecutarse en los plazos pretendidos por el Gobierno. La posibilidad de acelerar inversiones dependerá tanto de reducir ineficiencias burocráticas como de resolver problemas de infraestructura, seguridad jurídica y conflictos ambientales o territoriales que requieren negociaciones más complejas que una modificación administrativa.
El tercer desafío será sostener el equilibrio internacional que Fujimori intenta plantear. Estados Unidos vuelve a ocupar un lugar central en seguridad, inteligencia y cooperación estratégica, mientras China mantiene una posición determinante como comprador, inversor minero y operador de infraestructura. La presidenta sostiene que esas relaciones pueden coexistir, pero la viabilidad de esa fórmula dependerá también de cuánto se intensifique la competencia entre Washington y Pekín dentro de América Latina.
Las primeras semanas permiten identificar una estrategia, pero todavía no permiten conocer su resultado. Fujimori intenta combinar mayor capacidad ejecutiva, inversión privada y un acercamiento estratégico a Estados Unidos sin romper la relación económica con China; para sostener esa fórmula necesitará, al mismo tiempo, construir acuerdos parlamentarios, demostrar capacidad de gestión y preservar margen de maniobra frente a dos potencias cuyos intereses en Perú son cada vez más visibles.
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