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El rastro de la sangre sobre el verde antioqueño

  • Foto del escritor: Adrián Brizuela
    Adrián Brizuela
  • hace 2 días
  • 4 Min. de lectura

La neblina en Yarumal no solo oculta las cumbres de la Cordillera Central; a veces, también sirve para camuflar el rastro de quienes deciden que la verdad es un artículo de lujo demasiado caro para la región. El 8 de mayo de 2026, una misión humanitaria de la Defensoría del Pueblo y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) encontró lo que nadie quería hallar en una zanja próxima a la escuela de la vereda Palmichal, en Briceño. Allí, bajo una capa de tierra removida a prisa, descansaba el cuerpo de Mateo Pérez Rueda, un periodista de 25 años que salió de su casa sobre una moto Honda 110 con la intención de contar una guerra y terminó convertido en una cifra más de la estadística fúnebre que devora al norte de Antioquia. El hallazgo puso fin a cuatro días de una incertidumbre que asfixiaba a su familia y a la prensa regional colombiana.


Mateo Pérez Rueda
Mateo Pérez Rueda

Mateo había desaparecido el lunes 4 de mayo mientras intentaba recoger testimonios sobre el recrudecimiento del conflicto armado en el municipio de Briceño. Según las primeras investigaciones y el testimonio de quienes integraron la comisión de rescate —entre ellos el fotógrafo Jesús Abad Colorado y el abogado Sergio Mesa—, el joven no solo fue ejecutado a tiros. El cuerpo presentaba señales de tortura, ese lenguaje perverso con el que los grupos armados suelen sellar el destino de quienes consideran incómodos. Mateo murió lejos de las redacciones de la capital, en el mismo barro que intentaba explicar a través de su medio digital, El Confidente.


Para entender el destino de Mateo hay que comprender la geografía que lo vio nacer y morir. Yarumal, conocida como la estrella del norte, es un nodo comercial que mira desde sus 2.265 metros de altura el camino que une a Medellín con la costa Caribe. Es un pueblo de fachadas coloridas y arquitectura republicana donde la Basílica Menor de Nuestra Señora de La Merced domina el horizonte. Sin embargo, a pocos kilómetros, el paisaje se quiebra hacia Briceño. Allí, el clima se vuelve tropical y la montaña se hace abrupta, selvática. Briceño es un municipio joven que ha funcionado históricamente como un corredor estratégico para los grupos ilegales y el tránsito de economías sumergidas.



Mateo Pérez Rueda no encajaba en el molde del corresponsal de guerra tradicional. Era un estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional en Medellín, de carácter introvertido, pero poseedor de una exactitud quirúrgica al hablar. Su madre, Gloria Rueda, maestra jubilada, veía cómo su hijo menor financiaba su pasión por el periodismo vendiendo jugos naturales en el garaje de su casa o trabajando como mensajero. En El Confidente, medio que fundó cuando todavía estaba en el colegio, Mateo denunciaba con una madurez inusual que en su tierra era muy fácil matar sin consecuencias. Su padre, Carlos Pérez, recuerda que el joven no le tenía miedo a nada y que su única preocupación era que algún día el miedo lo paralizara.


Esa oscuridad tiene nombres y apellidos en el norte antioqueño. La labor de Mateo se desarrollaba en un territorio donde el Estado parece haber entregado las llaves a las disidencias del Frente 36. En Briceño, la vida cotidiana está marcada por el zumbido de los drones, a los que los locales llaman las moscas. Estos aparatos no solo vigilan; dictan sentencias. Cuando el dron aparece, los campesinos deben salir de sus cafetales para mostrarse ante la cámara y probar que no son informantes. La violencia no es solo física, es un control tecnológico que obliga a los habitantes a demostrar su inocencia ante un ojo mecánico.


El rastro de la ejecución conduce directamente a la estructura del Frente 36. Fuentes de inteligencia y reportes locales señalan a alias Chalá como el autor material del crimen. Chalá, un experto en el manejo de drones y hombre de confianza de la cúpula, habría sido quien interceptó a Mateo el 5 de mayo en la vereda Palmichal. Sin embargo, en la zona se sabe que quien tiene el mando criminal es alias Primo Gay, cabecilla con jurisdicción sobre Briceño. Lo paradójico del caso es que el máximo comandante de esta estructura, Alexander Díaz Mendoza, conocido como alias Calarcá, fue nombrado gestor de paz por el gobierno nacional.



El lunes 4 de mayo, Mateo se despidió de los suyos y enfiló su moto hacia la montaña. Buscaba entrevistas, buscaba entender por qué circulaban audios de alias Chalá imponiendo toques de queda a partir de las seis de la tarde y prohibiendo luces encendidas en las fincas. Buscaba, en definitiva, evitar que Briceño se convirtiera en uno de esos agujeros negros informativos que tanto mencionaba en sus escritos. Su asesinato no fue un accidente, fue el resultado de una cacería en una zona donde la gobernanza criminal ha suplantado a la ley civil.


Este crimen ocurre en un 2026 convulso, donde el escepticismo sobre la situación de orden público crece al mismo ritmo que los confinamientos en las regiones. El candidato presidencial oficialista Iván Cepeda condenó el hecho advirtiendo que no puede haber diálogo con grupos que asesinan periodistas y líderes sociales. Pero más allá de las condenas en las redes sociales y los despachos oficiales, queda el silencio en el garaje donde Mateo vendía jugos. El periodismo regional en Colombia sobrevive en un estado de desamparo absoluto frente a grupos que operan con total impunidad territorial.



Mateo Pérez Rueda representaba esa voluntad de narrar lo que otros prefieren callar por temor a la represalia. Su muerte deja un vacío en Yarumal y un mensaje de terror para los pocos que aún se atreven a ejercer el oficio en el norte de Antioquia. Mientras los gestores de paz circulan con ciertos beneficios procesales, el cuerpo de un joven de 25 años, que solo portaba una libreta y el deseo de verdad, regresa a la tierra en un cajón. El caso de Mateo confirma su propia y amarga profecía: en los pueblos de la montaña, matar sigue siendo demasiado sencillo.

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