El fin de la soberanía y el regreso de la ley de la selva

La madrugada del sábado 3 de enero de 2026 no marcó el triunfo de la justicia, sino la clausura definitiva de un orden mundial que agonizaba. Entre las 2 y las 3 horas, mientras Caracas dormía bajo un apagón inducido por ciberataques, la historia cambió de eje. La extracción de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores no debe leerse únicamente como una operación policial exitosa; es el acta de defunción de la soberanía nacional tal como la entendíamos desde la Paz de Westfalia en 1648. La Organización de las Naciones Unidas ha quedado reducida a un museo de intenciones muertas. La ley que impera desde hoy es la del más fuerte, ejecutada con tecnología invisible y validada por tribunales que no reconocen fronteras.

Caracas Atacada (El Expreso de Salta)

Si a alguien le quedaba alguna duda sobre la vigencia del derecho internacional, este evento disipó la niebla. Lo ocurrido en Caracas no es un rayo en cielo sereno, sino la confirmación de una nueva normalidad donde la fuerza bruta ha desplazado a la diplomacia. Es el último eslabón de una cadena de impunidad que se ha forjado en los últimos años: desde la invasión de Rusia a Ucrania y el genocidio televisado en Palestina, hasta la violación de sedes diplomáticas que antes eran sagradas, como la voladura de la embajada de Irán o el asalto policial a la embajada de México en Ecuador. Las reglas del juego se rompieron hace tiempo; Estados Unidos simplemente ha decidido que ya no necesita fingir que las respeta.

Bajo el nombre código "Operación Resolución Absoluta", Washington desplegó una maquinaria bélica desproporcionada que convirtió el cielo caribeño en un escenario de ciencia ficción punitiva. No fue una incursión discreta. Se utilizaron más de 150 aeronaves, incluyendo los bombarderos furtivos B-21 Raider y cazas F-22, para atacar simultáneamente objetivos en Caracas, Maracay y puntos estratégicos de la costa. La Casa Blanca informó con orgullo que no hubo bajas entre sus filas; la "limpieza" técnica fue absoluta. Del lado venezolano, la historia fue distinta: los reportes oscilan entre 40 y 80 muertos, una mezcla de soldados de la guardia presidencial y civiles que tuvieron la mala fortuna de estar cerca de los perímetros de seguridad. Este despliegue de fuego valida, retrospectivamente, la masiva acumulación de fuerza naval que Trump ordenó en las últimas semanas frente a las costas venezolanas. Lo que hasta ayer se vendía como una campaña contra lanchas rápidas del narcotráfico —esas interdicciones unilaterales y violentas en aguas internacionales— resultó ser el ensayo general y la cortina de humo para el asalto final.

Nicolás Maduro, una vez aterrizado en Nueva Yor (Larazon.es)

La asimetría del ataque funcionó como mensaje político. La tecnología de guerra electrónica y la invisibilidad no se usaron solo para evitar el derribo de aviones, sino para anular la capacidad de respuesta de un Estado soberano sin siquiera declararle la guerra. Fue un acto de policía global en territorio ajeno. Las fronteras para el Pentágono son líneas imaginarias que aplican a los demás. La soberanía venezolana no fue violada, fue ignorada, estableciendo una jurisprudencia de facto donde la capacidad de ejercer violencia anula la integridad territorial garantizada en la irrelevante Carta de las Naciones Unidas.

Sin embargo, la superioridad aérea no explica el silencio de la defensa antiaérea. ¿Por qué no dispararon los sistemas S-300VM? La pregunta abre una grieta de sospecha sobre el papel de Moscú. Durante horas se especuló si Vladimir Putin había entregado a su aliado caribeño como moneda de cambio en una negociación mayor por el territorio ucraniano. Pero en un giro inusual, Donald Trump abandonó su ambigüedad característica para desmentir categóricamente cualquier acuerdo con el Kremlin. Si los radares rusos no detectaron la flota invasora, o si la orden de fuego nunca llegó, el motivo permanece en la sombra, oscilando entre la incompetencia técnica y una orden de silencio comprada con dólares, no con geopolítica.

Es aquí donde cobra fuerza la hipótesis más inquietante: la operación no fue una conquista, sino el acto final de una negociación. La facilidad con la que cayeron las defensas sugiere que el "capitalismo salvaje" penetró la estructura chavista mucho antes que los misiles. El aparato de inteligencia de Estados Unidos lleva décadas operando bajo la premisa de que toda voluntad tiene un precio, y la estructura estatal venezolana, carcomida por la necesidad, era el cliente ideal. La teoría de la extracción pactada se sostiene en la propia retórica de la Casa Blanca. Trump y su gabinete han expresado abiertamente que el plan es acordar con el gobierno de Venezuela para aceptar su continuidad administrativa, una señal de que el objetivo era la cabeza del Rey, pero no necesariamente el desmantelamiento del tablero.

Esta narrativa se refuerza con el desprecio explícito de Washington hacia la oposición tradicional. Al desautorizar públicamente a María Corina Machado, Trump dejó claro que no le interesan los aliados ideológicos ni la democracia liberal, sino los socios pragmáticos. El régimen chavista, asfixiado económicamente, precisaba desesperadamente una instancia de negociación que permitiera levantar las sanciones para sobrevivir, aunque el costo fuera entregar a su líder máximo. Incluso cabe preguntarse si el propio Maduro, consciente de su callejón sin salida, no participó de los términos de su propia "captura" como única vía de escape física ante un colapso inminente. La moral de la cúpula resultó ser tan transaccional como la de sus atacantes.

Pero la ilegalidad no se detiene en el borde costero venezolano; gangrena también el propio ordenamiento interno de la potencia del norte. La incursión militar, ejecutada por fuerzas regulares y con despliegue de bombarderos estratégicos, constituye técnicamente un acto de guerra que, según la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, exige la notificación y autorización del Congreso. Trump no hizo ni lo uno ni lo otro. Actuó como un monarca absoluto, saltándose los controles y contrapesos que fundaron su república. Voces de la oposición demócrata se alzaron con furia tardía en el Capitolio. Líderes del comité de relaciones exteriores del Senado denunciaron que el presidente ha usurpado facultades legislativas, convirtiendo al ejército en su guardia pretoriana personal sin supervisión civil. Legisladores del ala progresista calificaron la acción de "inconstitucional y temeraria", advirtiendo que iniciar hostilidades contra una nación soberana sin debate parlamentario destruye la base legal de la democracia estadounidense. La operación Lanza del Sur confirmó que para la Casa Blanca las leyes son sugerencias molestas, tanto en Caracas como en Washington.

La reacción de la administración tras el operativo desnudó la esquizofrenia imperial. Trump, desde Mar-a-Lago, habló como un conquistador reclamando que el petróleo "estaba listo para ser tomado", mientras el Departamento de Justicia intentaba vestir el expolio con el traje del Estado de Derecho, citando la Doctrina Ker-Frisbie. Pretenden que el mundo acepte que esto es simultáneamente un botín de guerra y un acto de justicia ciega. Al rebautizar la política exterior como "Doctrina Donroe", se formaliza que América Latina no es un conjunto de naciones socias, sino un inventario de recursos administrados directamente desde el Norte.

El tablero internacional crujió ante el hecho consumado, exponiendo las miserias de cada actor. Rusia y China emitieron las condenas de rigor, comunicados fríos que denuncian el hegemonismo pero que no ocultan su inacción. Más patético resultó el papel de la Unión Europea, atrapada en su habitual doble moral, balbuceando declaraciones esquivas que intentan no molestar al dueño de la OTAN. En el vecindario, la vergüenza fue palpable: los gobiernos de Argentina, Ecuador y Bolivia se alinearon con el invasor en un acto de sumisión indignante, celebrando la violación de la soberanía vecina como si fuera un logro propio. Por otro lado, Brasil y Colombia reaccionaron con la gravedad que el momento exigía. Lula y Petro condenaron la intervención y movilizaron tropas, pero en sus palacios de gobierno se respira también la amargura de la autocrítica. Saben que esta invasión es también la prueba de su fracaso político: no lograron construir una salida regional que condujera al chavismo de vuelta al redil democrático antes de que los marines decidieran el final de la película.

El traslado de los detenidos a Nueva York bajo cargos de narcoterrorismo sienta un precedente legal devastador. Si la ley interna de Estados Unidos tiene preeminencia sobre la soberanía extranjera, ningún líder mundial está a salvo. Hoy es un paria político, mañana podría ser cualquier mandatario que Washington etiquete de criminal. La reacción internacional, desde el silencio aterrado de los vecinos latinoamericanos hasta las protestas vacías de China, confirma que el miedo ha sustituido a la diplomacia. Venezuela amanece hoy no como una democracia liberada, sino como un protectorado de facto, donde la política se decidirá en las oficinas de lobbistas en Washington, garantizando el flujo de crudo y sepultando, quizás para siempre, la ilusión de la autodeterminación.